1. Han pasado más de cien días desde que las cuatro federaciones agrarias (SR, CRA, CONINAGRO y FAA), con su lockout, iniciaran una crisis de excepcional envergadura y nos transformara a la inmensa mayoría de los argentinos en rehenes de sus propios reclamos. No obstante que el gobierno concediera gran parte de estos, la presión corporativa se traslada ahora al Congreso.
Pero mientras la rebelión sojera nos condenaba al desabastecimiento, la aceleración inflacionaria, la parálisis de la producción industrial, la suspensión y el despido de trabajadores producía también un formidable derroche de productos alimenticios. Millones de argentinos contemplaron por TV el derrame de otros tantos millones de litros de leche. Sin embargo, lo que no se pudo ver es que, mientras se decía que se paralizaba la exportación, ésta continuaba y aumentaba. El total de exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos alcanzó entre enero y mayo de este año casi 10.400 millones de dólares, 63% más que los 6.371 millones del mismo período el año pasado.
Sin embargo, lo que comenzó como una disputa por la renta entre “campo” y “gobierno” se transformó en un choque político por la orientación general del país y el completo manejo del Estado. Mientras el gobierno intenta contener la vertiginosa licuación de su autoridad política y su función propia al frente del mismo, el bloque ruralista busca potenciar ese desgaste, canalizando las aspiraciones ultraliberales de toda la derecha. La revuelta sojera ha obtenido el sostén activo de gran parte de los sectores medios, sobre todo del interior, en medida mucho mayor al que consiguiera Blumberg y ha instalado un ambiente de hostilidad racista hacia las tradiciones populares y las conquistas democráticas, que produce el rebrote de una cultura gorila basada en la épica del bolsillo.
Este “movimiento social” reaccionario, sostenido por la propaganda de los grandes medios masivos, que alimentan la ignorancia y el individualismo corrientes, reclama la completa rendición del Estado al principal reclamo corporativo: la anulación de las retenciones móviles. Para la burguesía sojera, el hambre mundial de más de 1.000 millones de seres humanos implica la oportunidad de un negocio multimillonario, sobre el que se abalanza aun a costa del hambre nativo.
No se puede ignorar que es el propio modelo sojero, que desde la década pasada contó con el impulso de todos los gobiernos, el que ha metido a todo el pueblo argentino en esta encerrona. No se puede ignorar que la administración kirchnerista lo multiplicó, aprovechando el crecimiento de los precios internacionales para empujar el aumento del PBI a “tasas chinas” y, de paso, hacer “caja” para pagar los vencimientos de la deuda, prevenirse contra la crisis financiera mundial, subsidiar a las empresas de transporte y servicios privatizadas y someter a los regímenes provinciales al poder político central. Sólo a último momento, y frente a la situación de conflicto, el gobierno “descubre” que el mecanismo de las retenciones podría servir para la redistribución social de la renta y que el monocultivo sojero, además de ampliar la frontera agraria capitalista y empujar a la mayor marginalidad al campesinado tradicional, familiar y comunitario, arrincona a otras producciones agrarias destinadas al consumo alimentario típico de nuestro pueblo. Que con la utilización del paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos se degrada la tierra, la biodiversidad y la salud de millones de hombres, mujeres y niños del pueblo.
Pero no es contra esos fenómenos político-económico-sociales, ni a favor de la redistribución de la renta, que se dirige la revuelta reaccionaria. Las pequeñas y medianas empresas agrarias capitalistas, en gran parte conformadas por propietarios que alquilan sus tierras a pools de siembra y grandes sociedades anónimas, no piden la reducción de los alquileres, como sus antepasados del Grito de Alcorta. No reclaman contra la intermediación privada parasitaria, ni contra los monopolios exportadores que se llevan la parte del león en esta disputa, ni contra la industria de semillas y agroquímicos como Monsanto. En su reduccionismo, atacan la función del Estado de fijar gravámenes y establecer regulaciones económicas y sociales.
2. Por su propia política, el gobierno se ha condenado a la impotencia. Ensayó todos los caminos para desarticular la protesta y fracasó, hasta ahora, en todos sus intentos. Perdió sustento social entre las capas medias del interior y se redobló su orfandad en los segmentos urbanos, incluidos los trabajadores y las capas más populares afectadas por la inflación, que serán las principales víctimas en caso de imponerse por completo la rebelión agraria. Lo que es peor para el gobierno, se ha erosionado su liderazgo frente al mismo aparato justicialista.
Sus propios compromisos con la gran burguesía industrial y rural transnacionalizadas y el corrupto aparato justicialista, con la evasión multimillonaria de los puertos privados y las ganancias mayúsculas de los seis grandes exportadores, le impidieron buscar alianzas con los sectores pobres del campo y lo indujeron a descalificar en bloque a todos los descontentos que nutrieron los “piquetes de la abundancia” y las “cacerolas de teflón”.
Las acusaciones gubernamentales contra los ruralistas no alcanzan suficiente auditorio social porque no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para la redistribución del ingreso y persisten los fuertes impuestos para el consumo popular. La “sensación térmica” social (que es mucho más acertada que los mentirosos índices del INDEC) es que se han agravado la inflación, la pobreza, la miseria y la desigualdad social. Mientras se deteriora cada vez más el transporte ferroviario de pasajeros y cargas, se ha embarcado en un proyecto faraónico y corrupto, notoriamente antipopular, como el del Tren Bala. Y en medio del conflicto agrario el gobierno anuncia un plan de hospitales, viviendas y caminos rurales financiados con la renta excedentaria, aunque nada se dice sobre el equipamiento de personal, insumos, medicamentos y aparatos a los hospitales realmente existentes, ni sobre la recomposición estructural y salarial de las escuelas públicas.
Mientras tanto, se evidencia el doble discurso oficial y mediático frente a los cortes de ruta. Mientras la TV se llenaba de transmisiones que difundían cada estornudo de los ruralistas y de los propietarios de camiones y se escandalizaba porque los gendarmes mostraban el abdomen de Alfredo De Angeli, una verdadera masa de empobrecidos era brutalmente apaleada por el gobernador oficialista de Jujuy, sin despertar casi ningún comentario de los medios ni la menor condena del gobierno central o de los rebeldes agrarios.
3. Entendemos que existe otro camino para superar esta crisis económica, social y política. Empezando por la forma de caracterizarla.
Partimos de la comprensión de que el capital financiero internacional se ha apoderado de la agricultura y pretende convertir a nuestro país en un mero proveedor de forrajes. Para nosotros, no se trata simplemente de la trasnochada oposición entre “oligarquía terrateniente” y “gobierno nacional y popular”. La primera hace décadas que ha sido sustituida por grandes sociedades anónimas transnacionales, inversores en pools de siembra y propietarios rentistas. Estos últimos son los principales animadores de la rebelión sojera. El segundo simplemente se reduce, como vimos, a un discurso.
Tampoco se trata de una pugna entre “pequeños” (o “pequeños y medianos”) agricultores y gobierno “K”. Tales agricultores hoy están atados, en su mayor parte, a la renta que les proporciona el modelo sojero, ya sea por la producción de sus propios campos o por los arrendamientos que cobran en virtud de él.
Menos aún se trata de una acción golpista o destituyente. Se trata sí de una pugna intercapitalista a la cual no podemos ser indiferentes. No soportamos el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de una crisis y sepulta cualquier posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de las mayorías.
Nos ubicamos firme y explícitamente contra la agresión neoliberal. Creemos que hay algo mucho peor para los trabajadores y el pueblo que la “anarquía revolucionaria”, y ello es la “anarquía reaccionaria”. Al mismo tiempo, no aplaudimos una política oficial que no ha hecho más que pavimentar el sendero de los enemigos del pueblo.
Los intereses de la gran mayoría de la población nacional están muy involucrados en cuánto costarán la leche, el pan y la carne y si dispondrán o no de ellos. Los ruralistas pretenden que, frente a la gran demanda internacional, la especulación financiera y el destino a agrocombustibles del maíz, el azúcar, la soja, etc., que eleva brutalmente los precios internacionales, dichos precios se impongan también aquí.
Mientras no se disponga de otras políticas como la fijación de precios internos por organismos como las disueltas Juntas Nacionales de Carnes y de Granos y el control de las ventas externas y sus ingresos por un organismo estatal de comercio exterior, no habrá otros mecanismos mejores que las retenciones para controlar los precios locales de los alimentos y su abastecimiento regular. Estas necesariamente deben ser móviles, para acompañar el crecimiento constante y prolongado de los precios mundiales. Más aún: no sólo deben aplicarse a la soja, los granos y la carne, sino también al petróleo y sus derivados, y a todas las rentas extraordinarias.
Como lo demuestra la experiencia de la década pasada, la privatización de las principales empresas productoras y de servicios produjo mucho más daño que su manejo por el Estado burgués. Lo mismo sucede hoy con los impuestos a las rentas extraordinarias del agro, que el gobierno aumenta y la rebelión del bloque agrario busca eliminar.
4. A partir de estos criterios, creemos indispensable que se geste un nuevo polo de intervención en la crisis, que abra las compuertas a la expresión de las mayorías populares. En la medida que el lockout sojero precipita la desaceleración económica que el gobierno pretendía evitar, es indispensable tomar medidas de emergencia para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos populares frente a la inflación, la falta de combustibles y el desabastecimiento de alimentos e insumos industriales.
Proponemos la adopción de acciones contundentes contra quienes especulan o destruyen la comida que necesitan las familias. Se debe restablecer la vigencia plena y aplicar integralmente la Ley de Abastecimiento, que permite la fijación de precios internos, mínimos y máximos, autoriza la intervención estatal e incluso la expropiación de las empresas que violen sus disposiciones y penaliza severamente a sus violadores. Y ejecutarla en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y comercialización.
La redistribución social del ingreso nacional no sólo se necesita y es posible ahora, si no que ya lo era antes. Los enormes superávit fiscal y comercial externo acumulados, que hasta ahora se asignaron a otros destinos, alcanzan perfectamente para un aumento general del salario mínimo, vital y móvil hasta 1.500 pesos; para incluir a los trabajadores precarizados (al par que se los hace ingresar efectivamente a la regularización laboral); para establecer definitivamente la movilidad de jubilaciones y pensiones; para quintuplicar, como mínimo, las asignaciones miserables a los desocupados; y para ajustar por lo menos trimestralmente todas las remuneraciones a la inflación real.
La apropiación privada de la tierra y su renta, ordinaria y extraordinaria, antes en manos de los terratenientes tradicionales y hoy en las del capitalismo transnacionalizado y meramente rentista o especulador, históricamente sofocó el desarrollo industrial, perpetuó y perpetúa la inserción primarizada del país en la división internacional del trabajo. La ausencia de medidas de nacionalización de esos recursos continuará bloqueando la creación masiva de empleo y la mejora del nivel de vida popular.
Es indispensable en lo inmediato eliminar el gravamen del IVA para todos los productos alimentarios, medicamentos y de primera necesidad, al tiempo que garantizar la calidad de estos. En materia de reforma tributaria, se impone también eliminar las exenciones impositivas de que gozan, por ejemplo, los pools de siembra, las empresas mineras y las operaciones financieras. Al mismo tiempo que perseguir consecuentemente la elusión y evasión del impuesto inmobiliario rural, aumentando las alícuotas de éste, muy inferiores a los de los inmuebles urbanos, conforme a la valorización de la tierra.
Como lo ha tenido que admitir el propio gobierno, las retenciones también sirven para desalentar el monocultivo sojero (una de las tantas formas que asume el productivismo y el consumismo depredadores y barbarizantes del capital) y disminuir el precio de los arrendamientos, que se pactan en base al del poroto. Pero de poco sirven al respecto si al mismo tiempo no se implementa un plan agrario que recomponga la producción de todos los cultivos desplazados, la ganadería y producción lechera; que paralice los desmontes y los desalojos; que favorezca la titularización y cooperativización de las tierras campesinas; que promueva la producción orgánica y familiar; que elimine el monopolio semillero de la industria biotecnológica, así como la producción de transgénicos y agrotóxicos; y que, en definitiva, defienda la soberanía alimentaria.
El campesinado y los pueblos originarios, junto a más de un millón de peones rurales completamente precarizados, sometidos, junto a sus hijos pequeños, a la superexplotación de los “productores” capitalistas y sin defensa alguna de un sindicato superburocratizado, conforman la verdadera “pata rural” de un potencialmente vasto movimiento social que debe intervenir políticamente en esta crisis para hacer pesar los intereses de la mayoría nacional. Se impone la inmediata derogación de la ley de la última dictadura que rige el trabajo rural, el blanqueo de la situación laboral de todos los peones y el establecimiento de un salario mínimo equivalente al de los trabajadores urbanos.
Nuestro país es productor potencial de alimentos para 400 millones de personas por año. Decimos potencial puesto que la soja transgénica, que ocupa hoy más de la mitad de la tierra cultivada, sólo sirve para alimentar, en un 95%, al ganado y los automóviles de las potencias capitalistas emergentes; mientras se desarrolla en el mundo una crisis alimentaria feroz y la Argentina mantiene en su interior más de dos millones de desnutridos.
Nuestro país no sólo tiene la capacidad de eliminar de inmediato la subalimentación interna, sino que puede convertirse en un actor importante en la erradicación del modelo capitalista que pone en peligro la supervivencia de 1.300 millones de seres humanos. Puede también incidir en la construcción de mecanismos de seguridad alimentaria regional y mundial que garanticen la estabilización de los precios, la regulación de la producción y los abastecimientos y una suspensión inmediata en la producción de agro-combustibles. Para estos objetivos, entendemos que debe promoverse la soberanía alimentaria como un derecho inalienable de los pueblos, que nos permita recuperar el control sobre la agricultura y los alimentos, y ponga fin a la escandalosa fijación de precios por los especuladores bursátiles.
Poner fin a la rebelión sojera para favorecer los intereses populares contribuirá también a gestar un programa solidario de proyección global.
5. Pero este camino exige discutir lo importante, socializar el debate por fuera de las instituciones y poner en el centro de la agenda nacional un programa popular de transformaciones. Para contrarrestar la demagogia derechista del bloque ruralista y la complicidad del oficialismo, que agravan una crisis desgarradora, hay que poner en pie otra voz y otra alternativa.
Toca a la responsabilidad de los militantes, agrupaciones y sindicatos que pretenden expresar las necesidades y los intereses de los trabajadores: ocupados, precarizados y desocupados, urbanos y rurales; a los movimientos campesinos y de pueblos originarios; a las organizaciones y movimientos sociales populares, sus conductores y dirigentes, el poner en marcha, unitaria y enérgicamente, las acciones propagandísticas y agitativas necesarias para derrotar a la reacción y reivindicar la satisfacción de las necesidades populares.
Al mismo tiempo, todos juntos debemos emprender la tarea de debatir con el pueblo qué es lo que se produce; cómo se produce; quiénes y en beneficio de quiénes se produce, distribuye, comercializa y consume; quiénes determinan los precios de las mercancías y a quienes beneficia y perjudica el funcionamiento de la economía capitalista. Del mismo modo, emprender la tarea colectiva de debatir y consensuar un programa que ayude a poner fin realmente a la zozobra de las crisis capitalistas, y al sistema mismo.
La única salida realista de la crisis es ir por más, sumando las voluntades de quienes queremos transformar de raíz nuestra sociedad. Ese es el propósito de nuestra segunda convocatoria a construir Otro camino para superar la crisis.
Espacio "Otro camino para superar la crisis"
Pero mientras la rebelión sojera nos condenaba al desabastecimiento, la aceleración inflacionaria, la parálisis de la producción industrial, la suspensión y el despido de trabajadores producía también un formidable derroche de productos alimenticios. Millones de argentinos contemplaron por TV el derrame de otros tantos millones de litros de leche. Sin embargo, lo que no se pudo ver es que, mientras se decía que se paralizaba la exportación, ésta continuaba y aumentaba. El total de exportaciones de granos, oleaginosas y subproductos alcanzó entre enero y mayo de este año casi 10.400 millones de dólares, 63% más que los 6.371 millones del mismo período el año pasado.
Sin embargo, lo que comenzó como una disputa por la renta entre “campo” y “gobierno” se transformó en un choque político por la orientación general del país y el completo manejo del Estado. Mientras el gobierno intenta contener la vertiginosa licuación de su autoridad política y su función propia al frente del mismo, el bloque ruralista busca potenciar ese desgaste, canalizando las aspiraciones ultraliberales de toda la derecha. La revuelta sojera ha obtenido el sostén activo de gran parte de los sectores medios, sobre todo del interior, en medida mucho mayor al que consiguiera Blumberg y ha instalado un ambiente de hostilidad racista hacia las tradiciones populares y las conquistas democráticas, que produce el rebrote de una cultura gorila basada en la épica del bolsillo.
Este “movimiento social” reaccionario, sostenido por la propaganda de los grandes medios masivos, que alimentan la ignorancia y el individualismo corrientes, reclama la completa rendición del Estado al principal reclamo corporativo: la anulación de las retenciones móviles. Para la burguesía sojera, el hambre mundial de más de 1.000 millones de seres humanos implica la oportunidad de un negocio multimillonario, sobre el que se abalanza aun a costa del hambre nativo.
No se puede ignorar que es el propio modelo sojero, que desde la década pasada contó con el impulso de todos los gobiernos, el que ha metido a todo el pueblo argentino en esta encerrona. No se puede ignorar que la administración kirchnerista lo multiplicó, aprovechando el crecimiento de los precios internacionales para empujar el aumento del PBI a “tasas chinas” y, de paso, hacer “caja” para pagar los vencimientos de la deuda, prevenirse contra la crisis financiera mundial, subsidiar a las empresas de transporte y servicios privatizadas y someter a los regímenes provinciales al poder político central. Sólo a último momento, y frente a la situación de conflicto, el gobierno “descubre” que el mecanismo de las retenciones podría servir para la redistribución social de la renta y que el monocultivo sojero, además de ampliar la frontera agraria capitalista y empujar a la mayor marginalidad al campesinado tradicional, familiar y comunitario, arrincona a otras producciones agrarias destinadas al consumo alimentario típico de nuestro pueblo. Que con la utilización del paquete tecnológico de transgénicos y agrotóxicos se degrada la tierra, la biodiversidad y la salud de millones de hombres, mujeres y niños del pueblo.
Pero no es contra esos fenómenos político-económico-sociales, ni a favor de la redistribución de la renta, que se dirige la revuelta reaccionaria. Las pequeñas y medianas empresas agrarias capitalistas, en gran parte conformadas por propietarios que alquilan sus tierras a pools de siembra y grandes sociedades anónimas, no piden la reducción de los alquileres, como sus antepasados del Grito de Alcorta. No reclaman contra la intermediación privada parasitaria, ni contra los monopolios exportadores que se llevan la parte del león en esta disputa, ni contra la industria de semillas y agroquímicos como Monsanto. En su reduccionismo, atacan la función del Estado de fijar gravámenes y establecer regulaciones económicas y sociales.
2. Por su propia política, el gobierno se ha condenado a la impotencia. Ensayó todos los caminos para desarticular la protesta y fracasó, hasta ahora, en todos sus intentos. Perdió sustento social entre las capas medias del interior y se redobló su orfandad en los segmentos urbanos, incluidos los trabajadores y las capas más populares afectadas por la inflación, que serán las principales víctimas en caso de imponerse por completo la rebelión agraria. Lo que es peor para el gobierno, se ha erosionado su liderazgo frente al mismo aparato justicialista.
Sus propios compromisos con la gran burguesía industrial y rural transnacionalizadas y el corrupto aparato justicialista, con la evasión multimillonaria de los puertos privados y las ganancias mayúsculas de los seis grandes exportadores, le impidieron buscar alianzas con los sectores pobres del campo y lo indujeron a descalificar en bloque a todos los descontentos que nutrieron los “piquetes de la abundancia” y las “cacerolas de teflón”.
Las acusaciones gubernamentales contra los ruralistas no alcanzan suficiente auditorio social porque no ha puesto en marcha ninguna medida efectiva para la redistribución del ingreso y persisten los fuertes impuestos para el consumo popular. La “sensación térmica” social (que es mucho más acertada que los mentirosos índices del INDEC) es que se han agravado la inflación, la pobreza, la miseria y la desigualdad social. Mientras se deteriora cada vez más el transporte ferroviario de pasajeros y cargas, se ha embarcado en un proyecto faraónico y corrupto, notoriamente antipopular, como el del Tren Bala. Y en medio del conflicto agrario el gobierno anuncia un plan de hospitales, viviendas y caminos rurales financiados con la renta excedentaria, aunque nada se dice sobre el equipamiento de personal, insumos, medicamentos y aparatos a los hospitales realmente existentes, ni sobre la recomposición estructural y salarial de las escuelas públicas.
Mientras tanto, se evidencia el doble discurso oficial y mediático frente a los cortes de ruta. Mientras la TV se llenaba de transmisiones que difundían cada estornudo de los ruralistas y de los propietarios de camiones y se escandalizaba porque los gendarmes mostraban el abdomen de Alfredo De Angeli, una verdadera masa de empobrecidos era brutalmente apaleada por el gobernador oficialista de Jujuy, sin despertar casi ningún comentario de los medios ni la menor condena del gobierno central o de los rebeldes agrarios.
3. Entendemos que existe otro camino para superar esta crisis económica, social y política. Empezando por la forma de caracterizarla.
Partimos de la comprensión de que el capital financiero internacional se ha apoderado de la agricultura y pretende convertir a nuestro país en un mero proveedor de forrajes. Para nosotros, no se trata simplemente de la trasnochada oposición entre “oligarquía terrateniente” y “gobierno nacional y popular”. La primera hace décadas que ha sido sustituida por grandes sociedades anónimas transnacionales, inversores en pools de siembra y propietarios rentistas. Estos últimos son los principales animadores de la rebelión sojera. El segundo simplemente se reduce, como vimos, a un discurso.
Tampoco se trata de una pugna entre “pequeños” (o “pequeños y medianos”) agricultores y gobierno “K”. Tales agricultores hoy están atados, en su mayor parte, a la renta que les proporciona el modelo sojero, ya sea por la producción de sus propios campos o por los arrendamientos que cobran en virtud de él.
Menos aún se trata de una acción golpista o destituyente. Se trata sí de una pugna intercapitalista a la cual no podemos ser indiferentes. No soportamos el falso neutralismo que nos convierte en espectadores de una crisis y sepulta cualquier posibilidad de intervención política que permita construir una salida favorable a los intereses de las mayorías.
Nos ubicamos firme y explícitamente contra la agresión neoliberal. Creemos que hay algo mucho peor para los trabajadores y el pueblo que la “anarquía revolucionaria”, y ello es la “anarquía reaccionaria”. Al mismo tiempo, no aplaudimos una política oficial que no ha hecho más que pavimentar el sendero de los enemigos del pueblo.
Los intereses de la gran mayoría de la población nacional están muy involucrados en cuánto costarán la leche, el pan y la carne y si dispondrán o no de ellos. Los ruralistas pretenden que, frente a la gran demanda internacional, la especulación financiera y el destino a agrocombustibles del maíz, el azúcar, la soja, etc., que eleva brutalmente los precios internacionales, dichos precios se impongan también aquí.
Mientras no se disponga de otras políticas como la fijación de precios internos por organismos como las disueltas Juntas Nacionales de Carnes y de Granos y el control de las ventas externas y sus ingresos por un organismo estatal de comercio exterior, no habrá otros mecanismos mejores que las retenciones para controlar los precios locales de los alimentos y su abastecimiento regular. Estas necesariamente deben ser móviles, para acompañar el crecimiento constante y prolongado de los precios mundiales. Más aún: no sólo deben aplicarse a la soja, los granos y la carne, sino también al petróleo y sus derivados, y a todas las rentas extraordinarias.
Como lo demuestra la experiencia de la década pasada, la privatización de las principales empresas productoras y de servicios produjo mucho más daño que su manejo por el Estado burgués. Lo mismo sucede hoy con los impuestos a las rentas extraordinarias del agro, que el gobierno aumenta y la rebelión del bloque agrario busca eliminar.
4. A partir de estos criterios, creemos indispensable que se geste un nuevo polo de intervención en la crisis, que abra las compuertas a la expresión de las mayorías populares. En la medida que el lockout sojero precipita la desaceleración económica que el gobierno pretendía evitar, es indispensable tomar medidas de emergencia para proteger las fuentes de trabajo y los ingresos populares frente a la inflación, la falta de combustibles y el desabastecimiento de alimentos e insumos industriales.
Proponemos la adopción de acciones contundentes contra quienes especulan o destruyen la comida que necesitan las familias. Se debe restablecer la vigencia plena y aplicar integralmente la Ley de Abastecimiento, que permite la fijación de precios internos, mínimos y máximos, autoriza la intervención estatal e incluso la expropiación de las empresas que violen sus disposiciones y penaliza severamente a sus violadores. Y ejecutarla en toda la cadena de producción, elaboración, distribución y comercialización.
La redistribución social del ingreso nacional no sólo se necesita y es posible ahora, si no que ya lo era antes. Los enormes superávit fiscal y comercial externo acumulados, que hasta ahora se asignaron a otros destinos, alcanzan perfectamente para un aumento general del salario mínimo, vital y móvil hasta 1.500 pesos; para incluir a los trabajadores precarizados (al par que se los hace ingresar efectivamente a la regularización laboral); para establecer definitivamente la movilidad de jubilaciones y pensiones; para quintuplicar, como mínimo, las asignaciones miserables a los desocupados; y para ajustar por lo menos trimestralmente todas las remuneraciones a la inflación real.
La apropiación privada de la tierra y su renta, ordinaria y extraordinaria, antes en manos de los terratenientes tradicionales y hoy en las del capitalismo transnacionalizado y meramente rentista o especulador, históricamente sofocó el desarrollo industrial, perpetuó y perpetúa la inserción primarizada del país en la división internacional del trabajo. La ausencia de medidas de nacionalización de esos recursos continuará bloqueando la creación masiva de empleo y la mejora del nivel de vida popular.
Es indispensable en lo inmediato eliminar el gravamen del IVA para todos los productos alimentarios, medicamentos y de primera necesidad, al tiempo que garantizar la calidad de estos. En materia de reforma tributaria, se impone también eliminar las exenciones impositivas de que gozan, por ejemplo, los pools de siembra, las empresas mineras y las operaciones financieras. Al mismo tiempo que perseguir consecuentemente la elusión y evasión del impuesto inmobiliario rural, aumentando las alícuotas de éste, muy inferiores a los de los inmuebles urbanos, conforme a la valorización de la tierra.
Como lo ha tenido que admitir el propio gobierno, las retenciones también sirven para desalentar el monocultivo sojero (una de las tantas formas que asume el productivismo y el consumismo depredadores y barbarizantes del capital) y disminuir el precio de los arrendamientos, que se pactan en base al del poroto. Pero de poco sirven al respecto si al mismo tiempo no se implementa un plan agrario que recomponga la producción de todos los cultivos desplazados, la ganadería y producción lechera; que paralice los desmontes y los desalojos; que favorezca la titularización y cooperativización de las tierras campesinas; que promueva la producción orgánica y familiar; que elimine el monopolio semillero de la industria biotecnológica, así como la producción de transgénicos y agrotóxicos; y que, en definitiva, defienda la soberanía alimentaria.
El campesinado y los pueblos originarios, junto a más de un millón de peones rurales completamente precarizados, sometidos, junto a sus hijos pequeños, a la superexplotación de los “productores” capitalistas y sin defensa alguna de un sindicato superburocratizado, conforman la verdadera “pata rural” de un potencialmente vasto movimiento social que debe intervenir políticamente en esta crisis para hacer pesar los intereses de la mayoría nacional. Se impone la inmediata derogación de la ley de la última dictadura que rige el trabajo rural, el blanqueo de la situación laboral de todos los peones y el establecimiento de un salario mínimo equivalente al de los trabajadores urbanos.
Nuestro país es productor potencial de alimentos para 400 millones de personas por año. Decimos potencial puesto que la soja transgénica, que ocupa hoy más de la mitad de la tierra cultivada, sólo sirve para alimentar, en un 95%, al ganado y los automóviles de las potencias capitalistas emergentes; mientras se desarrolla en el mundo una crisis alimentaria feroz y la Argentina mantiene en su interior más de dos millones de desnutridos.
Nuestro país no sólo tiene la capacidad de eliminar de inmediato la subalimentación interna, sino que puede convertirse en un actor importante en la erradicación del modelo capitalista que pone en peligro la supervivencia de 1.300 millones de seres humanos. Puede también incidir en la construcción de mecanismos de seguridad alimentaria regional y mundial que garanticen la estabilización de los precios, la regulación de la producción y los abastecimientos y una suspensión inmediata en la producción de agro-combustibles. Para estos objetivos, entendemos que debe promoverse la soberanía alimentaria como un derecho inalienable de los pueblos, que nos permita recuperar el control sobre la agricultura y los alimentos, y ponga fin a la escandalosa fijación de precios por los especuladores bursátiles.
Poner fin a la rebelión sojera para favorecer los intereses populares contribuirá también a gestar un programa solidario de proyección global.
5. Pero este camino exige discutir lo importante, socializar el debate por fuera de las instituciones y poner en el centro de la agenda nacional un programa popular de transformaciones. Para contrarrestar la demagogia derechista del bloque ruralista y la complicidad del oficialismo, que agravan una crisis desgarradora, hay que poner en pie otra voz y otra alternativa.
Toca a la responsabilidad de los militantes, agrupaciones y sindicatos que pretenden expresar las necesidades y los intereses de los trabajadores: ocupados, precarizados y desocupados, urbanos y rurales; a los movimientos campesinos y de pueblos originarios; a las organizaciones y movimientos sociales populares, sus conductores y dirigentes, el poner en marcha, unitaria y enérgicamente, las acciones propagandísticas y agitativas necesarias para derrotar a la reacción y reivindicar la satisfacción de las necesidades populares.
Al mismo tiempo, todos juntos debemos emprender la tarea de debatir con el pueblo qué es lo que se produce; cómo se produce; quiénes y en beneficio de quiénes se produce, distribuye, comercializa y consume; quiénes determinan los precios de las mercancías y a quienes beneficia y perjudica el funcionamiento de la economía capitalista. Del mismo modo, emprender la tarea colectiva de debatir y consensuar un programa que ayude a poner fin realmente a la zozobra de las crisis capitalistas, y al sistema mismo.
La única salida realista de la crisis es ir por más, sumando las voluntades de quienes queremos transformar de raíz nuestra sociedad. Ese es el propósito de nuestra segunda convocatoria a construir Otro camino para superar la crisis.
Espacio "Otro camino para superar la crisis"
